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CRITERIOS JUDICIALES
La cuestión estriba en saber si hay que hacer Arte, Política, Medicina e impartir Justicia sólo para expertos, o para enriquecer a la gente mejorándola, hacerla feliz, reparar su salud y administrar sus derechos y deberes aunque sea inexperta pero frecuentemente sabia y capaz de se guiarse por el sentido común y el principio de equidad. He aquí la disyuntiva. Carezco de formación jurídica y, en tal sentido, no paso de ser un opinante mas voluntarioso que eficaz. Así es que doctores tiene la Iglesia. Pero del mismo modo que la mujer del César no debe solo ser honesta sino además parecerlo, el común de los ciudadanos debería coincidir con los criterios que aplican los que están dedicados a ejercer tales funciones. O al revés. Pero desde luego no es positivo el actual divorcio entre las opiniones de los técnicos y la percepción que de ellas tiene la gente sencilla. En este sentido es revelador que los españoles, testigos pasivos de las arbitrariedades de estos funcionarios y de la pugna encarnizada entre el otrora prestigioso Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, sitúen a la judicatura nada menos que en el último escalón del “ranking” de las instituciones. No me atrevo a aventurar si la divergencia entre lo que piensa la gente y las conclusiones a que llegan los jueces obedece a una inadecuada praxis jurídica o a la invasión del ámbito de los juzgadores por parte del poder ejecutivo. Pero este es un asunto que requiere soluciones urgentes, porque el hombre de la calle ha interiorizado un sentimiento de indefensión ante los magistrados peor que el de la dictadura precedente, que se fundaba en la arbitrariedad y en decisiones aleatorias y “orgánicas” supeditadas al humor del juez al levantarse por la mañana. Y así registramos veredictos contrapuestos en la revisión de los procedimientos, tornándolos de lo blanco a lo negro. Hemos perdido la cuenta de estos fallos desconcertantes, con partidos de uno u otro signo en el Gobierno, pero acaso lo más escandaloso haya sido la instrucción de la causa por el acto terrorista del 11-M en la estación madrileña de Atocha, que un político calificó reiteradamente de “lamentable accidente” para apaciguar a los honrados criminales que lo perpetraron, al tiempo que cambiaba la actitud de los jueces. Sería prolijo y enojoso enumerar las rectificaciones, manipulaciones e intoxicaciones, como las argumentaciones sesgadas y falaces en ocasiones insultantemente burdas, que nos arrojaron unos y otros. Pero mas bochornosa fue la obstrucción de quienes debían de haber recogido las piezas y recomponer los hechos, al manifestar que algunos no tenía relevancia investigarlos. El último escalón de la cadena ha sido la reciente absolución de los cuatro funcionarios policiales incriminados por alterar los resultados de unas pruebas analíticas --y por ello fiables y objetivas-- que delataban presencia de ácido bórico en unas piezas del 11-M. Pero lo más delirante es que no constituya un delito de enaltecimiento del terrorismo que nueve calles y plazas del País Vasco lleven nombres de criminales entrenados para matar por la patria indiscriminadamente a los mismos transeúntes que pasan ahora bajo la placa que los inmortaliza. Dicen que cuando les dieron nombre la apología no estaba tipificada como delito. ¿Es preciso legislar lo obvio? Darío Vidal 10/07/2008 |
Criterios judiciales (10/07/2008 23:21)
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“GINÉS DE PASAMONTE”
Menudo truhán el tal Ginesillo de Coslada; menudo payaso el alegre chico de Colsada metido a hombre de Harrelson; menudo sinvergüenza el “Ginés de Pasamonte”, sobrepasando los límites de la honesta picaresca, como el galeote que quitó sus ropas a Don Quijote y Sancho, para adentrarse en el terreno del crimen organizado, en el nauseabundo barrizal de la delincuencia desde el poder, que es la forma más abyecta y cobarde de delinquir. Lo han cazado con la banda de entre 25 y 30 barandas uniformados con los hábitos de la policía municipal, eso es de servidores de la Ley, con los que se dedicaba a extorsionar, cobrar “rackket”, chantajear y a dar monumentales palizas a aquellos a quienes debían proteger y servir, cuando les venía en gana y sin que los agredidos –jóvenes, matrimonios, abuelos con niños y chicos que acudían en defensa de sus padres-- supieran en muchas ocasiones cual era la causa de la borrasca de porrazos y puntapiés que se les venía encima, dando una idea de impunidad y fomentando un clima de terror que les preservaba de las denuncias y dejaba sin castigo sus desmanes. Pero lo sorprendente es que en los nueve primeros años de ejercicio, y llevan más de veinte, la banda acumuló veintiocho denuncias en los juzgados por robo, tráfico de drogas, prevaricación, denuncias falseadas, corrupción, malos tratos, arbitrariedad e incluso brutalidad policial como consta en la Asociación Contra la Tortura. La mayor “mafia” policial detectada jamás en España poseía sumas importantes de dinero en efectivo, armas ilegales no registradas, y sus bienes y posesiones están siendo investigadas. Entre los imputados de la banda, denominada significativamente “el Bloque”, se halla el guardaespaldas y chofer del alcalde. Pero en el Ayuntamiento no se sabe nada, y el alcalde ha manifestado en una reciente conferencia de prensa que solo ha habido “rumores” pero no denuncias, y descarta por supuesto que haya políticos implicados en la trama. Igual que el concejal de Seguridad, Antonio Murillo, quien aseguró que a su departamento no habían llegado más que “quejas”. Un clamor de rumores y quejas, con lugares concretos, situaciones, nombres y apellidos, que no se han tomado la molestia de verificar. Pero este asunto que pretende darse ya por zanjado, no acaba más que de empezar. Hay alguien detrás, sólidamente afianzado, que protegía a la banda de denuncias criminales y actuaciones administrativas. Un alcalde del PSOE expedientó y destituyó en 2001 al tal Ginés Jiménez Buendía de Alcantarilla, y el juez de lo Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid, José Manuel Ruíz, lo repuso en su cargo condenando al Ayuntamiento a costas, retribuciones y atrasos. Desde entonces las denuncias no se cursaban o desaparecían, ante la indignación de los vecinos que ayer se agrupaban en la calle para increparles al ver que estaban siendo detenidos. Fue necesario que las denuncias soslayasen el cerco municipal y se presentasen en Madrid por un grupo de prostitutas rumanas de las que abusaban, para que la policía gubernativa iniciase un operativo y las pertinentes escuchas. No es una broma de chulos, putas y chorizos, sino la cumbre emergente de un iceberg cuyo calado hay que descubrir. Darío Vidal 09/05/2008 |
"Ginés de Pasamonte" (10/05/2008 00:24)