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Publicado: 10/07/2008


 

CRITERIOS JUDICIALES


La cuestión estriba en saber si hay que hacer Arte, Política, Medicina e impartir Justicia sólo para expertos, o para enriquecer a la gente mejorándola, hacerla feliz, reparar su salud y administrar sus derechos y deberes aunque sea inexperta pero frecuentemente sabia y capaz de se guiarse por el sentido común y el principio de equidad. He aquí la disyuntiva.

Carezco de formación jurídica y, en tal sentido, no paso de ser un opinante mas voluntarioso que eficaz. Así es que doctores tiene la Iglesia. Pero del mismo modo que la mujer del César no debe solo ser honesta sino además parecerlo, el común de los ciudadanos debería coincidir con los criterios que aplican los que están dedicados a ejercer tales funciones. O al revés. Pero desde luego no es positivo el actual divorcio entre las opiniones de los técnicos y la percepción que de ellas tiene la gente sencilla. En este sentido es revelador que los españoles, testigos pasivos de las arbitrariedades de estos funcionarios y de la pugna encarnizada entre el otrora prestigioso Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, sitúen a la judicatura nada menos que en el último escalón del “ranking” de las instituciones.

No me atrevo a aventurar si la divergencia entre lo que piensa la gente y las conclusiones a que llegan los jueces obedece a una inadecuada praxis jurídica o a la invasión del ámbito de los juzgadores por parte del poder ejecutivo. Pero este es un asunto que requiere soluciones urgentes, porque el hombre de la calle ha interiorizado un sentimiento de indefensión ante los magistrados peor que el de la dictadura precedente, que se fundaba en la arbitrariedad y en decisiones aleatorias y “orgánicas” supeditadas al humor del juez al levantarse por la mañana. Y así registramos veredictos contrapuestos en la revisión de los procedimientos, tornándolos de lo blanco a lo negro.

Hemos perdido la cuenta de estos fallos desconcertantes, con partidos de uno u otro signo en el Gobierno, pero acaso lo más escandaloso haya sido la instrucción de la causa por el acto terrorista del 11-M en la estación madrileña de Atocha, que un político calificó reiteradamente de “lamentable accidente” para apaciguar a los honrados criminales que lo perpetraron, al tiempo que cambiaba la actitud de los jueces.

Sería prolijo y enojoso enumerar las rectificaciones, manipulaciones e intoxicaciones, como las argumentaciones sesgadas y falaces en ocasiones insultantemente burdas, que nos arrojaron unos y otros. Pero mas bochornosa fue la obstrucción de quienes debían de haber recogido las piezas y recomponer los hechos, al manifestar que algunos no tenía relevancia investigarlos.

El último escalón de la cadena ha sido la reciente absolución de los cuatro funcionarios policiales incriminados por alterar los resultados de unas pruebas analíticas --y por ello fiables y objetivas-- que delataban presencia de ácido bórico en unas piezas del 11-M. Pero lo más delirante es que no constituya un delito de enaltecimiento del terrorismo que nueve calles y plazas del País Vasco lleven nombres de criminales entrenados para matar por la patria indiscriminadamente a los mismos transeúntes que pasan ahora bajo la placa que los inmortaliza. Dicen que cuando les dieron nombre la apología no estaba tipificada como delito. ¿Es preciso legislar lo obvio?

Darío Vidal

10/07/2008

 

       Criterios judiciales (10/07/2008 23:21)